Política y sindicalismo azucarero en México

La historia de la agroindustria azucarera también estuvo marcada por la creación de gremios cañeros bajo la batuta de patrones corporativistas y populistas de la esfera política posrevolucionaria. A partir de 1940, los grupos de trabajadores mantuvieron sus actividades bajo la dinámica de movilizaciones, divisiones y fusiones que se hallaban con la motivación de una serie de demandas sociales, diferencias ideológicas, disputas sobre estrategia, y por conflictos entre líderes entorno al poder y los privilegios que gozaban las corporaciones después de la Revolución Mexicana. A partir de 1944, los decretos presidenciales empezaron a regular las relaciones entre los ingenios azucareros y los productores de caña, cuya mayoría se había formado con la distribución de las tierras en las haciendas azucareras a campesinos de las comunidades ejidales que emergieron bajo la reforma agraria.

Con la creación del Decreto Cañero en 1975, se postuló únicamente el reconocimiento de dos gremios cañeros afiliados a los sectores ejidales y populares del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que los propietarios de tierras cañeras ya estaban integrados con la fundación de la Unión Nacional de Cañeros (UNC) en 1973. Al mismo tiempo, el decreto forzó la consolidación de varios gremios nacionales y regionales de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA), que comenzó sus operaciones en 1977. Esta formación cambió la distribución del poder, más no la dinámica de las movilizaciones cañeras.

El control de los precios y regulaciones estatales, en base a los contratos colectivos y el manejo de la tierra, estuvieron presentes después de la Revolución de 1910; pero las políticas realmente intervencionistas comenzaron a partir de 1975 cuando el Estado comenzó a comprar ingenios en bancarrota: para 1982, el gobierno manejaba directamente 54 de los 74 ingenios en el país. Seis años más tarde, los números se ponían a 48 ingenios estatales, 12 privados y 4 en administración asociativa. Los objetivos de la nacionalización de los ingenios, según el Estado, se comprometían a limpiar los problemas financieros y así revivir a la industria; para 1988, durante el mandato de Miguel de la Madrid, el “reino azucarero” queda en manos de sectores privados y la propiedad estatal se volvió una de las características del proteccionismo hacia la actividad azucarera. Durante la década de los ochenta, las políticas de intervención incluían subsidios a los sembradores de caña, apoyo a los precios del azúcar, control del comercio doméstico e internacional y relaciones industriales altamente reguladas; todo esto protagonizado por Azúcar S.A., quien administraba la producción en todos los ingenios estatales y la comercialización del azúcar; compraba toda la producción a precios de liquidación y se encargaba de la distribución del endulzante, tanto para el consumo industrial como para la venta al menudeo.

Azúcar S.A. era la única institución con permiso para importar azúcar y coordinaba el desarrollo de la industria como un todo; sin embargo, en 1992 esta agencia se disolvió. Las expectativas que el gobierno tenía al momento de privatizar los ingenios no resultaron como lo planeado, pues la economía del país se encontraba en una situación inestable. Entre 1988 y 1992, la mayoría de los ingenios fueron vendidos a empresas corporativas que buscaban suplementos baratos de azúcar para elaboración de dulces, refrescos y otros productos. En este contexto, desaparecieron las instituciones gubernamentales que habían controlado el mercado del endulzante y los ingenios paraestatales, así como el financiamiento del cultivo y de la industrialización de la caña. Estos cambios estuvieron acompañados con una nueva revisión del Decreto Cañero en 1991, cuyo objetivo era replantear las relaciones entre la industria azucarera y los productores, dejando al gobierno como rector del mercado mediante la imposición de aranceles, como mediador en las relaciones agroindustriales y como árbitro de controversias. Asignó la responsabilidad de coordinar todas las fases del cultivo a los gremios locales, a los que en consecuencia se les comenzaron a atribuir tanto el éxito como el fracaso de la producción. El desempeño de estas responsabilidades estaba estrechamente ligado con la liquidez financiera de una industria en crisis.

Pero no todo estaba perdido. En 1991 se tomó en cuenta, por primera vez, la calidad de la caña entregada (según su contenido de sacarosa, pureza, jugos y fibra), y el cálculo de todos los precios nacionales e internacionales en una nueva fórmula en lo correspondiente al precio de la caña. Además, al separarse la productividad industrial de la agrícola, se estableció el costo del endulzante en términos de su propia calidad: Kilogramos de Azúcar Recuperable Base Estándar (KARBE). Para los gremios cañeros, estos cambios redefinieron sus funciones y el modo de operación, en el que tradicionalmente se había privilegiado lo político en términos corporativistas y clientelares.

Entregar caña con máximo de sacarosa cada día de la zafra, y la pérdida rápida de ésta después del corte, establecía la necesidad especial de una coordinación eficiente y de la operación continua de la maquinaria industrial durante la zafra. Este ejercicio siempre había sido un desafío para los industriales debido al gran número de cañeros afiliados con los ingenios, a la avanzada edad de los trabajadores y a un nivel de educación modesto en la mayoría de ellos. Los dirigentes campesinos asumieron estás constantes durante los años noventa bajo nuevos comités de producción, en colaboración con la parte administrativa de la industria. Paralelamente, el gobierno federal fundó el Comité de la Agroindustria Azucarera, integrando a los distintos sectores y las secretarías gubernamentales involucradas con el desarrollo de la actividad azucarera.