Regidor de La Antigua rechaza la culpabilidad de fraude hacia productores de caña

Luis Heredia, regidor primero del ayuntamiento veracruzano de La Antigua, rechazó haber cometido fraude contra 750 personas. Aseguró que no se trata de 400 millones de pesos los que adeudan a los acreedores, solicitó calma a los quejosos y afirmó que se les va a pagar. Mientras que el abogado coadyuvante de quienes lo denunciaron, Jorge Reyes Peralta, dijo que los nueve implicados en el fraude ya se ampararon contra una posible orden de aprehensión, arraigo y embargo, lo que habla de su temor. Señalado por un ex dirigente cañero como responsable de la malversación de 150 millones de pesos de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) de la CNC, durante su dirigencia y frente al reclamo de 750 ahorradores que exigen que les devuelvan 402 millones de pesos, Luis Heredia Trigueros se muestra molesto, no entiende el alboroto y el descrédito no lo perturba. Bajo la sombra de un almendro en la banqueta del Palacio Municipal de La Antigua, Luis Heredia, accedió a hablar sobre el caso, pero con reticencias, porque le recomendaron no hacerlo. Dijo que pronto llegará “la hora de la verdad, porque no hay ningún fraude” y no adeudan 400 millones de pesos a “prestamistas” que no pertenecen a la Unión, sino “112 millones 457 mil pesos” que se prestaron a los agremiados de la organización cañera. Aseveró que no hubo engaño porque los que aportaron el dinero sabían para qué se utilizaría. “Lo que pasa es que los inversionistas ya se desesperaron y quieren su dinero; pero desgraciadamente nosotros descontamos el dinero como líderes cuando empieza la zafra, es cuando se empieza a pagar. Mientras no haya zafra, no hay dinero, ni un centavo”, precisó el también productor cañero. La zafra, abundó, tendrá lugar en unos ocho meses y hasta entonces nadie puede pagar.

Heredia Trigueros rechazó haber malversado 150 millones de pesos como afirmó su sucesor en el cargo, Arnulfo Hernández: “Tiene cuatro años que entregué mis cuentas, me recibieron”. Una y otra vez insistió: “Yo sé que no hay ningún fraude, yo sé que todas las cosas están bien y a la gente que le prestaron el dinero, a todos se les va a pagar”. Lo que sucede, explicó, es que reclaman intereses de tres o cuatro años y el reclamo “es de un año para acá, más o menos”. Heredia refirió que es productor cañero de toda la vida, que vende 500 toneladas anuales al ingenio El Modelo, que es priista desde que nació y que no le importa el descrédito, porque no son los cañeros los que lo acusan, sino personas “que nos estuvieron ayudando y les agradecemos que nos hayan prestado dinero para nosotros poder prestarle dinero a nuestros cañeros. Pero no todos son agremiados”. Aseveró que es querido, reconocido por su gremio; siempre está en todas las campañas del PRI; la regiduría es su primer cargo público, pues desde hace 40 años su vida política está en la Unión y de ahí su fuerza en el sector. “Imagínese con tres mil y pico de gentes ahí, más las familias, cuántos (votos) se hacen. Las organizaciones cañeras son fuertes, fuertes.” El regidor Heredia dijo que del conflicto ya se informó al gobernador Fidel Herrera por medio de Armando Carrillo Casas, actual Presidente de la ULPCA-CNC. “Él ya giró un oficio al señor gobernador donde se hace responsable, nada más que haya garantías para él, para que salga el problema. A todos nos urge que salga este problema, no quedarle mal a ningún acreedor.” Jorge Reyes Peralta, abogado coadyuvante de los ahorradores, negó que el fin de la denuncia sea político, precisó que se recurrió al área penal porque de haber promovido un juicio ejecutivo mercantil habría perdido, ya que los documentos que amparan los montos de los depósitos a la caja de ahorro de la ULPCA-CNC no reúnen los requisitos exigidos para cobrarlos por la vía civil o mercantil. Admitió que sí espera ganar mucho dinero con este juicio, porque para eso se “alquila”.

Respecto del conflicto, informó que la denuncia la presentaron 723 ahorradores a los que ya se sumaron otros 50 y, de acuerdo con el peritaje realizado, el monto del presumible fraude alcanza 402 millones de pesos, los que no encuentran. Pero el problema va más lejos, explicó el abogado: “La federación no vigila, los denunciados operaron como banca, la Secretaría de Hacienda no vio pasar el dinero y el estado (de Veracruz) no actuó ni dijo nada al respecto”. Informó que las nueve personas señaladas en la denuncia recurrieron al juicio de amparo, el que les otorgó el juzgado cuarto de distrito en Veracruz contra una eventual orden de aprehensión, arraigo y embargo. Reyes refirió que ya se intentó negociar con los ahorradores de poco capital, pero la decisión es ir en grupo hasta al final.

Excélsior, Verónica Danell Monter. 28 de Noviembre de 2008