Políticas públicas para impulsar la industria del bioetanol: experiencias internacionales y oportunidades para México (1a. parte)

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Políticas públicas para impulsar la industria del bioetanol: experiencias internacionales y oportunidades para México (1a. parte)

El año 2019 fue poco alentador para el sector energético en México. Sobre todo en cuanto a la baja operatividad de las refinerías, la continua dependencia en importación de petrolíferos –entre estos, significativos volúmenes de gasolinas (más de 600 mil barriles diarios)– y el decrecimiento económico nacional. El 2020 no inició mejor. Una medida judicial en enero implicó un cambio regulatorio, por razones procedimentales, con respecto al contenido máximo de bioetanol permitido en las gasolinas en el país, lo cual impacta negativamente la deseada autosuficiencia energética.

Hace aproximadamente un año, se publicó en este mismo portal el artículo Autosuficiencia energética: el impulso al bioetanol. Es el momento oportuno para actualizar el documento citado mostrando el éxito de algunas políticas públicas aplicadas en otros países, donde el apoyo del Estado ha sido decisivo para el arranque y fortalecimiento de la industria del bioetanol, con múltiples beneficios socioeconómicos y ambientales para sus poblaciones. Dichas políticas públicas se presentan para ser analizadas y consideradas para su adecuación, a fin de impulsar con firmeza la industria del bioetanol en México. Ello podría aportar múltiples beneficios para el país y su población. No sólo ayudaría a paliar la dependencia de importaciones de hidrocarburos, sino también tendría un impacto socioeconómico y ambiental positivo.

No es reciente la dependencia mexicana del suministro foráneo de gasolinas terminadas para satisfacer su consumo nacional. Lo preocupante es que esta situación se ha agravado en los últimos años, sin indicios reales de una posible mejora en el corto y mediano plazo. Las cifras oficiales de los últimos cinco años, publicadas por la Secretaría de Energía, indican un consumo total de 809 miles de barriles diarios (mbd) de gasolinas en 2015 y 800mbd en 2019, con porcentajes de importación de 53% y 76%, respectivamente. Esto ocurre a pesar de que teóricamente la capacidad nominal de refinación nacional, 1.6 millones (mmbd) de barriles diarios debería ser suficiente para satisfacer un alto porcentaje de la demanda nacional de 1.4 mmbd de petrolíferos (cifras del 2019). Igualmente, cifras oficiales indican que en 2019 las refinerías nacionales operaron a un 37% promedio de su capacidad nominal, siendo este uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años. La atención integral de factores críticos en el sector refinación, como son la inadecuada configuración de las refinerías, la obsolescencia de plantas, la poca confiabilidad de operaciones en servicios y plantas, y la falta de disponibilidad de crudos adecuados para las refinerías existentes, permitirían alcanzar la deseada autosuficiencia, aún cuando esta estrategia no es la única ni la mejor vía costo efectiva para lograrlo.

La actual política para resolver el complejo problema de la autosuficiencia de gasolinas en México se caracteriza, entre otras cosas, por lo siguiente.

Primero, por ser fundamentalmente financiada por el Estado. Segundo, por tener una limitada intervención del sector privado, el cual sólo juega el papel de proveedor de bienes y servicios para el sector refinación y para el desarrollo de infraestructura de almacenaje y distribución, no así en la manufactura de petrolíferos o sus componentes debido a la conocida incertidumbre de rentabilidad económica del negocio de refinación. Dicha política nacional, ejecutada principalmente a través de Pemex, incluye la construcción de una nueva refinería y la adecuación de las seis existentes. Este enfoque no sólo demanda significativos recursos financieros, estimados entre 400 mil y 480 mil millones de pesos, equivalentes a entre 20 y 24 mil millones de dólares, sino que aún en el caso de que el Estado pueda disponer de estas sumas, tan necesarias para otras actividades de gran impacto social como lo son educación, salud y seguridad ciudadana, por nombrar las más apremiantes, también requerirá entre ocho a diez años para su ejecución. Es evidente, entonces, que esta política no representa una solución en el corto plazo y representa más bien una política de mediano y largo alcance.  (…continuará).

Para Zafranet. Mauro Hoyer Romero y Mauricio Méndez Santa Cruz. Martes 24 de marzo de 2020.

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