El Ingenio San Pedro continuará operando luego de que Grupo Porres acordó devolver las instalaciones a la Federación al declararse imposibilitado financieramente para continuar con la molienda, tras lo cual el Gobierno de Veracruz asumirá la administración y operación del complejo mientras se resuelve su situación, informó la gobernadora Rocío Nahle.
La mandataria estatal señaló que el acuerdo se alcanzó con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó agotar las vías de diálogo para evitar el cierre de la factoría.
Nahle recordó que el Ingenio San Pedro formó parte del patrimonio federal antes de ser subastado al sector privado décadas atrás, antecedente que permitió plantear su devolución a la Federación ante la inviabilidad financiera reportada por la empresa.
“El ingenio tiene un origen público […] entonces el empresario dijo: ‘Bueno, como es de origen público, yo ya no lo quiero trabajar, voy a regresarlo a su origen’. Si lo va a regresar, lo agarra la Federación y la Federación se lo va a dar al estado; nosotros nos hacemos cargo mientras se resuelve”, apuntó.
La gobernadora indicó que la planta requiere inversión en mantenimiento y rehabilitación de maquinaria, trabajos que serán supervisados directamente por su administración para avanzar en la reactivación de la producción cañera.
De acuerdo con Almomento, la crisis inició el pasado 5 de agosto, cuando Grupo Porres anunció el cese de operaciones del Ingenio San Pedro, situación que generó incertidumbre entre más de mil obreros de base y de confianza, así como alrededor de siete mil productores, cortadores de caña y transportistas de los municipios de Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada y Saltabarranca.
Durante más de tres semanas, los trabajadores mantuvieron un plantón permanente a las afueras de la fábrica para evitar su desmantelamiento, mientras recibían víveres y respaldo de la comunidad.
Con el inicio de los trámites jurídicos para transferir la propiedad al Estado mexicano, se busca asegurar la continuidad operativa de la factoría y el cumplimiento de las obligaciones patronales pendientes con empleados, proveedores y productores de la zona.
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