México necesitaría realizar un ajuste fiscal adicional superior a 1.5% del PIB durante 2026 para estabilizar la carga de la deuda pública, ante un déficit elevado y un crecimiento económico cercano a 1%, advirtió Renzo Merino, responsable de la calificación de riesgo crediticio para México de Moody’s.
“Nuestra proyección de déficit para 2026 es que podría estar entre 4 a 4.5 por ciento del PIB”, comentó.
Merino señaló que la consolidación fiscal realizada en 2025 se quedó corta, debido a que México ha financiado déficits más amplios a tasas de interés más elevadas, lo que ha incrementado la carga financiera del Gobierno.
El especialista indicó que esta situación representa un reto para las finanzas públicas, debido a que la deuda gubernamental se encamina hacia niveles cercanos a 55% del PIB en los próximos años.
Recordó que anteriormente se esperaba que la carga de la deuda se estabilizara alrededor de 50% del PIB; sin embargo, los resultados modificaron ese escenario. En 2025, la deuda llegó a poco más de 49% del PIB.
Otro factor de presión es el costo financiero. Los pagos de intereses pasaron de representar 11% de los ingresos del Gobierno en 2021 a 17%.
Merino explicó que el problema no se limita al nivel de endeudamiento, sino también a la capacidad de estabilizarlo en un entorno de bajo crecimiento. De acuerdo con sus estimaciones, México registraría un crecimiento promedio cercano a 1% entre 2024 y 2027.
Asimismo, consideró fundamental mantener la credibilidad fiscal, debido a que desviaciones importantes respecto de los objetivos pueden provocar un aumento en las tasas de interés que paga el Gobierno, lo que elevaría el costo financiero y ejercería una mayor presión sobre las finanzas públicas.
Explicó que cuando los mercados perciben incumplimientos o desviaciones materiales respecto de las metas fiscales pueden exigir mayores tasas al Gobierno, generando un efecto que retroalimenta el déficit y la deuda.
En este contexto, Moody’s modificó su evaluación crediticia de México al observar, según Merino, un deterioro más estructural de la posición fiscal y proyectar que la deuda podría aproximarse a 55% del PIB en los próximos años.
El especialista explicó que la evaluación no considera únicamente los resultados registrados, sino también las perspectivas de las finanzas públicas. Una mayor debilidad fiscal puede generar riesgos adicionales para la calificación, mientras que una mejora sostenida de las métricas fiscales y de la trayectoria de la deuda puede contribuir a fortalecerla.
De acuerdo con El Financiero, Merino señaló que las reglas fiscales deben contribuir a estabilizar las métricas de deuda. Sin embargo, indicó que desde 2023 se han observado cambios que han debilitado el cumplimiento de esos objetivos, en un contexto en el que también se han reducido los “colchones” financieros disponibles para que el Gobierno enfrente choques económicos.
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