El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), llevó a cabo un operativo en el rancho “El Saucito”, ubicado en el municipio de Balleza, Chihuahua, propiedad del exgobernador César Duarte Jáquez, con el objetivo de demoler presas y represas ilegales, recuperar zonas federales y cancelar tomas de agua superficiales y subterráneas realizadas sin apego a la normatividad vigente.
Como parte de la ejecución de la sanción impuesta por Conagua, se inició la demolición de una represa, se llevó a cabo el desfogue total del agua almacenada en otras dos, se clausuró un aprovechamiento subterráneo y otro superficial, y se retiró una de las dos compuertas de la presa principal.
Estas acciones derivan de un procedimiento administrativo iniciado tras varias inspecciones, el cual fue impugnado por el propietario ante el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la autoridad judicial confirmó la resolución de Conagua, negando el amparo solicitado y dejando firmes las sanciones.
Los trabajos fueron interrumpidos poco después de las 17:30 horas, cuando presuntos familiares del exgobernador informaron que una jueza federal había concedido una suspensión provisional. Aunque Conagua consultó el sistema público de servicios y trámites de consulta de expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, hasta el momento no ha recibido una notificación formal de la autoridad jurisdiccional correspondiente.
Además de los procedimientos administrativos, se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de uso ilegal del agua contenida en la infraestructura hidráulica localizada en el predio, ya que, según la autoridad, no se puede permitir la apropiación privada de un recurso que pertenece a la nación.
Conagua reiteró que, ante el escenario de estrés hídrico que enfrenta el país, “ningún derecho de índole particular puede estar por encima del interés social ni permitirse la contravención sistemática del marco regulatorio del agua”. Añadió que toda persona que, al margen de la ley, impida o menoscabe el acceso a este derecho humano fundamental deberá enfrentar las consecuencias jurídicas correspondientes.
Finalmente, el Gobierno de México reafirmó su compromiso, por medio de Conagua, de mantener una supervisión constante e implementar acciones que eviten prácticas irregulares en el uso del agua. “Como lo ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en todo momento nuestro principal objetivo es administrar el agua para garantizar el derecho humano a este recurso para todo el pueblo de México, en especial a los grupos más vulnerables”, concluyó el comunicado.
Redacción: ZafraNet
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