El número de comunidades energéticas en España creció un 44% en 2024, alcanzando un total de 659, según datos del último Observatorio de Comunidades Energéticas elaborado por Energía Común. No obstante, el informe advierte que disminuyó el porcentaje de estas iniciativas que logró acceder a financiación pública.
En concreto, el 58% de las comunidades energéticas declaró haber recibido apoyo financiero por parte de las administraciones en 2024, una caída significativa frente al 85% registrado el año anterior. En cuanto a otras fuentes de financiamiento, el estudio indica que los fondos propios representaron la segunda vía más utilizada, con un 63%; seguidos por la financiación a través de entidades financieras, con un 32%; el apoyo de ayuntamientos, con un 11%; y los préstamos colectivos, con un 4%.
Carlos Pesqué, director de Energía Común, explicó para El Periódico de la Energía, que para la contabilización de estas comunidades se aplicó la definición recogida en la directiva europea. Dicha normativa establece que deben contar con una forma jurídica propia, desarrollar o tener proyectos activos y estar controladas por sus socios.
Por comunidades autónomas, Cataluña encabeza la lista con 104 comunidades energéticas, seguida por la Comunidad Valenciana, con 98, y el País Vasco, con 76.
El informe también señala un cambio en la forma jurídica predominante. Las asociaciones representan el 67,7% del total, superando a las cooperativas, que suponen el 31,3%. Esta tendencia podría deberse, según el análisis, a “la mayor simplicidad en el proceso de constitución, la ausencia de aportaciones económicas iniciales y el menor grado de familiarización de la sociedad con el modelo cooperativo”.
A pesar del crecimiento observado, Energía Común considera que el ecosistema de comunidades energéticas en España “sigue en una fase de maduración”. La mayoría de estas iniciativas cuenta con menos de 50 personas socias, opera con una sola instalación de autoconsumo y enfrenta retos importantes en aspectos como la gestión, la participación, la inclusión y la continuidad de los proyectos.
Entre los desafíos más urgentes, el estudio destaca la necesidad de contar con una ley específica basada en los desarrollos normativos iniciados en 2023. Además, concluye que estas comunidades no solo permiten acelerar la transición energética, sino que también funcionan como “un vehículo para avanzar hacia un modelo más inclusivo y democrático”.
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