¿Qué hubo realmente detrás de la negociación entre el Gobierno Federal y Coca-Cola para reducir el IEPS a los endulzantes no calóricos? La pregunta no es menor: ¿por qué los negociadores oficiales —de Hacienda, Salud y Economía— aceptaron el argumento de la refresquera más grande del mundo, que les prometió “reformular” sus productos para reducir el uso del azúcar de caña y sustituirlo por edulcorantes no calóricos, cuando esa estrategia lleva años en marcha dentro de la propia industria?
Resulta difícil entender cómo, pese a conocer la grave crisis que enfrentan decenas de miles de productores de caña por los bajos precios de su materia prima, la presidenta de la República aceptó un acuerdo que podría representar “la estocada” para el sector cañero.
El contraste con lo ocurrido en Estados Unidos resulta evidente. En julio pasado, Donald Trump propuso a los ejecutivos de Coca-Cola utilizar azúcar de caña en sus bebidas comercializadas en ese país, en sustitución del jarabe de maíz de alta fructosa, señalado por sus posibles efectos nocivos en la salud.
Los ejecutivos de la compañía respondieron, palabras más, palabras menos: “Con mucho gusto, Mr. President”. A lo que Trump replicó: “Quiero agradecer a todos los responsables en Coca-Cola. Será una gran decisión de su parte. Ya lo verán. Simplemente es mejor”, escribió en su plataforma Truth Social.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó desde 2023 el uso de edulcorantes no calóricos como sustitutos del azúcar, al advertir que pueden aumentar el riesgo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer.
Para el columnista, con más de tres décadas de experiencia en temas de la industria azucarera, del jarabe de maíz y de los edulcorantes no calóricos, la negociación entre el Gobierno Federal y Coca-Cola resulta “extraña, por no decir sospechosa”, sobre todo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en abril pasado: “La Coca-Cola hace mucho daño”.
La duda es inevitable: ¿qué la hizo cambiar de opinión para firmar el acuerdo con la refresquera? ¿Cómo la convencieron de que ya no hace daño? Si creyó los argumentos de los empresarios de que “reformularán” sus productos para utilizar menos azúcar, y con ello ordenó a las secretarías de Hacienda y Salud, así como a los legisladores, aplicar un IEPS reducido de 1.50 pesos por litro a los endulzantes no calóricos en lugar de los 3.08 pesos originalmente previstos.
Ninguno de sus funcionarios le recordó que desde 2014, cuando se estableció el IEPS a los refrescos y bebidas azucaradas, Coca-Cola y otras empresas ya se habían comprometido a disminuir la ingesta calórica reformulando sus productos con más edulcorantes artificiales.
Desde la implementación del etiquetado frontal de “exceso de calorías”, la empresa ha reducido el uso de azúcar hasta en 75% en las bebidas de cola y en un 100% en las de sabor.
El acuerdo firmado con el gobierno federal, encabezado por Andrés Massieu Fernández —exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto y actual director de la Asociación Mexicana de Bebidas—, contempla cuatro medidas principales: seguir reformulando productos y lanzar nuevas presentaciones y porciones; ampliar la oferta de bebidas bajas o sin calorías; impulsar el mercado de bebidas reducidas y sin azúcar; y fortalecer la autorregulación publicitaria.
De acuerdo con El Independiente, el columnista subraya que estas acciones no representan ninguna novedad, pues son exactamente las mismas que la industria viene aplicando desde hace varios años. “¡Farsantes!”, concluye.
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