Durante la quincuagésima asamblea anual de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Colombia (Procaña), realizada en Cali, la organización alertó sobre la crítica situación que enfrenta el sector agrícola por el deterioro de la seguridad física y jurídica en las zonas rurales, lo que, según señalaron, pone en riesgo la producción, la inversión privada y la seguridad alimentaria del país.
En el panel central titulado “Seguridad física y jurídica”, moderado por el abogado y periodista Juan Lozano, se abordaron los efectos de la creciente incertidumbre normativa y el incremento de hechos violentos contra productores en regiones como el Valle del Cauca y el Cauca.
“Nuestro país atraviesa días de angustia e incertidumbre”, declaró Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña. “El reciente atentado en Bogotá contra el senador Miguel Uribe Turbay, junto a la escalada de violencia en el suroccidente del país, ha reabierto heridas profundas y ha generado una sensación de inseguridad que pone en riesgo al campesinado”, agregó.
Betancourt afirmó que la estrategia de “Paz Total” ha generado un fortalecimiento de los grupos armados ilegales que actualmente imponen restricciones a la movilidad, extorsionan, secuestran y amenazan a los productores rurales. Según cifras de Procaña, se han radicado más de 700 denuncias ante la Fiscalía General, sin que hasta ahora se haya producido ninguna captura o sanción judicial.
La directora de Procaña también expresó su preocupación por la constante emisión de nuevas normas, decretos y políticas públicas, las cuales afectan la planificación agrícola. “La política agraria se ha centrado exclusivamente en la propiedad de la tierra, descuidando lo verdaderamente fundamental: el desarrollo rural integral”, afirmó. Como prioridades, solicitó asistencia técnica permanente, acceso efectivo al crédito y mecanismos de comercialización eficaces.
Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), advirtió que la falta de garantías de seguridad compromete la cadena de producción de alimentos. “Sin seguridad jurídica y sin seguridad física, no hay seguridad alimentaria”, enfatizó, y propuso la creación de una bancada agropecuaria en el Congreso que defienda al sector en el Legislativo y durante las campañas presidenciales.
De acuerdo con la Casa Editorial El Tiempo, durante el encuentro, la congresista Jennifer Pedraza expresó su decepción con el actual gobierno. “Yo voté en segunda vuelta por el presidente Gustavo Petro y me siento francamente muy desilusionada de todas las promesas que se han quedado en el camino”, manifestó. Sin embargo, destacó el compromiso del empresariado vallecaucano y solicitó mayores espacios de diálogo con la juventud.
El representante Christian Garcés Aljure y el expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares coincidieron en señalar la inestabilidad normativa como otro factor de preocupación. “Las normas cambian cada mañana, y eso genera pánico entre los productores”, señalaron, insistiendo en la necesidad de lograr estabilidad regulatoria especialmente en temas relacionados con el uso y la tenencia de tierras.
La discusión concluyó con un llamado unánime de los panelistas para que el campo colombiano no continúe enfrentando el miedo, la improvisación legislativa y la ausencia del Estado. Desde Procaña, la petición al Gobierno Nacional es clara: brindar garantías jurídicas efectivas, asegurar la presencia estatal en los territorios y establecer una política pública rural que vaya más allá de la redistribución de tierras, enfocándose en el desarrollo sostenible y en condiciones dignas para quienes aún creen en el agro como motor de desarrollo del país.
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