Las tensiones entre organizaciones campesinas, transportistas y el Gobierno federal escalaron esta semana tras una jornada de bloqueos que paralizó carreteras, garitas, aduanas y cruces fronterizos en distintos puntos del país. Mientras los transportistas condicionaron el retiro de cierres a acuerdos inmediatos en materia de seguridad y competencia policial, los productores del campo presionan para obtener precios de compra que cubran el total de los costos de producción y garanticen una utilidad adicional. Las declaraciones de autoridades federales sobre presuntas carpetas de investigación contra líderes de las movilizaciones contribuyeron a encender aún más el conflicto, aunque la Presidencia matizó posteriormente que hubo una “malinterpretación”.
De acuerdo con El Financiero, los transportistas advirtieron que los bloqueos podrían intensificarse si la Secretaría de Gobernación no atiende sus demandas en la reunión programada para este martes. David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, afirmó que la continuidad de las protestas depende del resultado del encuentro:
Hoy tenemos una nueva reunión con Gobernación y, dependiendo de lo que platiquemos, los bloqueos seguirán vigentes
Señaló además que el gremio enfrenta una situación crítica derivada de la inseguridad en las carreteras y de prácticas que consideran ilegales por parte de policías estatales y municipales. “Los policías estatales y municipales están invadiendo jurisdicción federal. La única facultada es la Guardia Nacional”, sostuvo, al denunciar que dichos retenes son utilizados para extorsionar a conductores.
De acuerdo con el medio, el sector solicita dos medidas inmediatas al Gobierno federal: un documento oficial que prohíba a policías estatales y municipales instalar retenes y la creación de una oficina de la Fiscalía General de la República especializada en delitos de robo al transporte. De no haber avances, Estévez adelantó que convocará a cierres totales: “Si no se resuelve, voy a convocar a que salgan los compañeros transportistas a manifestarse. Hoy será la convocatoria para que cerremos totalmente”.
En paralelo, las organizaciones campesinas también endurecieron su postura. De acuerdo con El País, el lunes fueron bloqueadas alrededor de 40 vías estratégicas en al menos 22 estados, incluyendo autopistas como la México-Toluca, México-Puebla y México-Querétaro, además de cierres parciales en Guanajuato y Aguascalientes y la toma por varias horas del puente internacional Córdova en Ciudad Juárez.
Los agricultores, respaldados por transportistas, exigen que sus cosechas sean adquiridas al 100 por ciento del costo de producción más un 30 por ciento de utilidad, en contraste con el 50 por ciento planteado por el Gobierno federal. “Estamos perdiendo el 50% de la inversión. No queremos llegar a los costos de producción, queremos la utilidad”, explicó Eraclio Rodríguez, integrante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.
La confrontación aumentó tras las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien afirmó que algunos líderes de las protestas tenían “carpetas de investigación” y sugirió posibles tintes políticos en las movilizaciones. La respuesta de los inconformes fue inmediata. “Decir que hay intereses de partidos políticos es el discurso más tonto que he escuchado”, señaló Rodríguez. Ante la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que “quizá se malinterpretó” la declaración de la funcionaria y subrayó que “no perseguimos a nadie por manifestarse”.
Cabe señalar que las protestas también han impactado el debate legislativo, particularmente la revisión de la nueva Ley General de Aguas impulsada por el Ejecutivo. Aunque el tema figura en el pliego petitorio, los propios líderes campesinos señalan que la prioridad inmediata es garantizar precios justos para sus productos.
Legisladores del bloque mayoritario han expresado disposición para modificar la iniciativa, especialmente en lo relativo a concesiones de uso del agua que ya no podrían transmitirse entre particulares. Los productores advierten que esta modificación podría afectar el valor de sus tierras, al señalar que sin permiso de uso de agua “no tienen valor”.
Aunque algunos puntos fueron reabiertos el lunes por la tarde, las organizaciones campesinas y de transportistas anunciaron que mantendrán su jornada de protestas hasta obtener respuestas oficiales favorables. Tampoco descartan nuevos cierres en carreteras y cruces si no hay avances en la mesa de diálogo convocada por el Gobierno.
“Estamos dispuestos a dialogar, esperamos que cambien su actitud y sentarnos a conversar de buena manera”, afirmó Rodríguez.
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