Este lunes 24 de noviembre inició el Megabloqueo Nacional convocado por la Asociación Nacional de Transportistas, tras semanas de advertencias sobre la falta de seguridad en carreteras. Al movimiento se sumaron agricultores que demandan precios justos, generando una jornada de afectaciones desde las primeras horas del día. La mañana evidenció cierres inesperados y un aumento de alertas en distintos estados, mientras diversas autopistas y avenidas comenzaron a ser ocupadas por manifestantes.
De acuerdo con Fuerza Informativa Azteca, el Gobierno de México afirmó que no existe motivo para que continúe el Megabloqueo, argumentando que el diálogo con ambos sectores ha estado abierto de forma permanente. La Secretaría de Gobernación indicó que, en el caso del sector agrícola, la nueva Ley de Aguas no ha sido aprobada y su discusión sigue en curso en la Cámara de Diputados, donde se realizan foros con participación de los productores. También señalaron que en las últimas semanas se han llevado a cabo más de 200 reuniones para escuchar sus inquietudes.
Respecto a los transportistas, el Gobierno informó que existen mesas de trabajo activas desde hace meses, con la participación de la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el objetivo de mejorar la seguridad en carreteras y proteger a operadores, rutas y mercancías. Según la autoridad, los bloqueos provocan afectaciones a la ciudadanía en movilidad, servicios de salud, abasto y actividades laborales. Finalmente, llamó a mantener el entendimiento, suspender los bloqueos y asistir a las mesas de diálogo, reiterando su disposición para atender las demandas conforme a la legalidad.
Por su parte, información publicada por El Financiero detalló que los cierres fueron programados principalmente a partir de las 8:00 horas, aunque en algunos puntos comenzaron antes. Entre los tramos considerados se encontraban el puente fronterizo Lukeville-Sonoyta en Sonora a las 10:00 horas; la toma de caseta de Calera, Zacatecas, a las 8:00 horas; así como bloqueos en Ciudad Guzmán, Jalisco, desde las 7:00 y 8:00 horas. También se anunciaron afectaciones en las autopistas México–Querétaro, México–Pachuca, México–Toluca, México–Puebla, México–Cuernavaca–Acapulco, Naucalpan–Ecatepec, el Circuito Exterior Mexiquense, la Vía López Portillo, la Avenida Gustavo Baz Prada y el Boulevard Lomas Verdes.
Las exigencias de transportistas y agricultores se relacionan principalmente con la violencia, extorsiones y robos en carreteras. Entre las demandas se encuentran seguridad en carreteras, salida inmediata y cancelación de operativos en tramos federales, a menos que estén acompañados de la Guardia Nacional, cierre inmediato de entradas y salidas irregulares, y operativos permanentes en zonas de mayor incidencia delictiva. También solicitan que no existan límites entre estados en cuestiones operativas policiacas; un C5i especializado para transporte de carga con monitoreo permanente; fiscalías exclusivas para delitos contra el transporte de carga pesada; protocolos reales de respuesta con desarticulación de bandas delictivas y atención en un máximo de 15 minutos; además de la implementación de drones para ubicar a delincuentes.
A estas exigencias se suman la reducción de costos operativos mediante revisión de tarifas de casetas, regulación de precios de combustibles y estímulos fiscales al diésel; así como rehabilitación de tramos en mal estado, instalación de áreas de descanso seguras y atención inmediata a puentes y libramientos dañados. También se plantea la protección al operador mediante capacitación, certificación, revisión de normas, campañas contra la extorsión y evitar incrementos injustificados en seguros, además de una licencia plastificada. En su pliego, los transportistas demandan una mesa de diálogo permanente con reuniones mensuales obligatorias y justicia para víctimas del transporte, con apoyo económico y legal a las familias de operadores asesinados o desaparecidos.
De acuerdo con información de Adn Noticias, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, David Estévez, afirmó que el sector enfrenta un aumento dramático en robos, al señalar que actualmente se reportan “entre 54 y 60 unidades diarias”, cifra que, según dijo, equivale a “un camión cada 47 minutos”. También denunció prácticas de extorsión en retenes policiales, donde se exige a los operadores el pago de hasta 40 mil pesos para evitar que sus unidades sean remolcadas, y señaló que en algunos casos las grúas involucradas solicitan montos “arriba de 180 mil o 200 mil pesos” para liberar los camiones.
Estévez añadió que la infraestructura carretera es insuficiente y que las reparaciones pueden tardar “7 u 8 meses”, mientras que las reuniones con autoridades no han dado resultados.
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