Productores, abogados, estudiantes, académicos, legisladores y representantes de diversos sectores productivos calificaron como un “foco rojo” la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Señalaron que, de no alcanzarse modificaciones, acuerdos y consensos en torno a la iniciativa presidencial, podría detonarse una movilización nacional.
De acuerdo con los participantes en los foros organizados por Morena, al cierre de estos ejercicios se registraron alrededor de mil propuestas, entre ponencias presenciales y documentos entregados por escrito, las cuales advirtieron “deben ser escuchadas”. En paralelo, durante los foros alternos regionales organizados por el PRI, se recibieron cerca de 500 propuestas adicionales para modificar el proyecto oficial. En el último foro realizado este fin de semana en Aguascalientes, funcionarios, académicos y ciudadanos expresaron su preocupación, al coincidir en que “es un riesgo para el patrimonio de las familias”.
En las audiencias efectuadas en San Lázaro por Morena, productores, abogados, estudiantes, académicos y representantes de organizaciones expusieron que la situación hídrica del país es crítica. Señalaron que más de 70 por ciento de los ríos y lagos presentan niveles significativos de contaminación, que nueve millones de personas carecen de acceso al agua potable, que 11 millones no cuentan con servicios de alcantarillado y que 515 municipios no disponen de red de drenaje.
Los participantes destacaron la necesidad de una ley general que garantice el acceso al agua para todos los mexicanos y una mejor calidad de vida. Consideraron indispensable fortalecer la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, especialmente en el uso personal y doméstico, mediante mecanismos que aseguren acceso, calidad y salvaguarda.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, advirtió que en los foros regionales organizados por su partido se reiteró que “la nueva Ley General de Aguas, impulsada por Morena, es una iniciativa perversa, que despoja del patrimonio a los campesinos, ganaderos, mineros, productores y usuarios”, al separar la tierra de la dotación de agua y convertir prácticas tradicionales del campo en posibles delitos, cita El Financiero.
Asimismo, criticó que los foros impulsados por Morena se realicen en la Ciudad de México, sin recoger los testimonios de los presuntos afectados. Afirmó que, en contraste, el PRI sí está realizando encuentros en los estados para escuchar preocupaciones reales y recabar observaciones directas de las comunidades.
De acuerdo con el medio en mención, el pasado 9 de octubre de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que expide una nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales. El documento señala que su objetivo es que el Estado Mexicano “recobre el régimen del agua para su justa distribución”.
En la Ley de Aguas Nacionales se agrega, en un artículo 123 Bis, que “se impondrá pena de dos a diez años de prisión y de 400 a 4 mil días de multa a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin contar con la autorización o permiso expedidos por la autoridad competente”. Se impondrá esta misma pena “a quien, sin autorización expedida por la autoridad competente, altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas o pongan en peligro la vida de las personas o la seguridad de sus bienes o de sus ecosistemas vitales”.
La iniciativa propone además, “se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa a quien modifique o altere las instalaciones, equipos o dispositivos de medición de volúmenes de aguas nacionales con la finalidad de simular un consumo menor al efectivamente realizado y obtener con ello un beneficio económico”.
También establece que “se impondrá pena de dos a doce años de prisión y de 400 a cuatro mil días de multa a la persona servidora pública que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o registre títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a cambio de un beneficio no comprendido en su remuneración para sí, para su cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes civiles hasta el segundo grado o para terceros con quien tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas forman parte”.
Y “se impondrá pena de uno a 12 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa a quien solicite concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o el registro de títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales mediante el ofrecimiento o entrega de dádivas a la persona servidora pública facultada para autorizar dichos trámites”.
En la exposición de motivos, señala al agua como un bien público de interés nacional, cuya gestión debe realizarse bajo principios de “sustentabilidad, equidad y transparencia, con la participación activa de comunidades, pueblos indígenas y autoridades locales”. Establece también un Sistema Nacional de Gestión Integral del Agua, encargado de coordinar políticas entre los tres niveles de gobierno y de establecer mecanismos de planeación, monitoreo y rendición de cuentas sobre el uso y conservación de los recursos hídricos.
La propuesta ordena que se garanticen condiciones de acceso universal y asequible al agua potable, el fortalecimiento de la infraestructura para su tratamiento y saneamiento, para lo que se propone la implementación de programas regionales de protección de cuencas, con énfasis en aquellas que presentan altos niveles de estrés hídrico.
Además, anuncia una revisión de concesiones y derechos de uso del agua, con el objetivo de priorizar el consumo humano y doméstico sobre cualquier otra actividad económica, al tiempo que se promueve una gestión responsable en los sectores agrícola e industrial.
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