Ante la crisis que enfrenta la agroindustria de la caña de azúcar en México, representantes del sector solicitaron a la Secretaría de Economía un paquete de medidas fiscales, aduaneras y de inclusión en programas federales, con el objetivo de estabilizar el mercado y evitar una “debacle económica” que pondría en riesgo más de dos millones de empleos vinculados a la cadena productiva.
Ángel Gómez Tapia, presidente de la Unión Estatal de Cañeros CNPR, informó que el pasado 15 de julio, Carlos Blackaller Ayala, dirigente de la Unión Nacional de Cañeros CNPR, entregó un oficio al titular de la Secretaría de Economía, en el que se expone “la gravedad del escenario” y se plantean acciones inmediatas para contener el deterioro de la rentabilidad del cultivo.
Uno de los puntos centrales es la actualización del arancel de importación de azúcar, fijado desde 1994 en 360 dólares. El sector propone que esta tarifa sea indexada conforme a la inflación, como medida para proteger al mercado interno frente a la competencia desleal del exterior y brindar certidumbre tanto a ingenios como a productores.
De acuerdo con el portal de noticias, Oliva Noticias, los cañeros también demandaron reforzar la vigilancia contra el contrabando, tanto en su modalidad “técnica” como “bronca”, ya que, señalaron, distorsiona la oferta y presiona a la baja los precios nacionales. En este sentido, solicitaron fortalecer los mecanismos de verificación y control en las aduanas del país, a fin de cerrar el paso al ingreso de azúcar de manera irregular.
Respecto al programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), el gremio cañero pidió que las empresas inscritas reporten con claridad la entrada de azúcar importada para su transformación, así como la salida efectiva de los bienes exportados. La intención es evitar que el endulzante importado termine comercializándose en el mercado nacional en perjuicio de la producción doméstica.
En cuanto al uso de endulzantes alternativos, se propuso aplicar una política de reciprocidad para la fructosa importada, de forma que las mismas reglas que se aplican al azúcar mexicana sean válidas para este producto. Según el planteamiento, se busca preservar el equilibrio del balance nacional de endulzantes y evitar desplazamientos que afecten a los productores de caña.
Finalmente, el sector planteó que el cultivo de caña de azúcar sea incluido en el programa federal “Cosechando Soberanía”, recientemente anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La incorporación al programa permitiría canalizar apoyos productivos, tecnológicos y de infraestructura a miles de familias dedicadas a esta actividad.
“La crisis que actualmente enfrenta la agroindustria de la caña de azúcar no tiene tiempo de espera. O se implementan las medidas sugeridas o nos espera la pérdida de rentabilidad en nuestro cultivo y, por consiguiente, la debacle del sector cañero nacional”, advirtió Gómez Tapia.
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