La agroindustria azucarera mexicana enfrenta una crisis sin precedentes en más de dos décadas, derivada de una serie de factores que han generado un fuerte desequilibrio en el mercado. Entre ellos destacan el contrabando, la creciente importación de fructosa, la competencia con otros edulcorantes y la percepción negativa en torno al consumo del azúcar. Así lo señaló Claudia Fernández González, presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), en entrevista con La Jornada.
De acuerdo con la dirigente, las pérdidas estimadas para el sector durante el ciclo 2024-2025 ascienden a aproximadamente 26 mil millones de pesos. Subrayó que esta situación no había sido enfrentada en lo que va de los gobiernos de la Cuarta Transformación, ya que “el sector había venido funcionando bien”. A su juicio, es necesario un rescate integral que no se base en subsidios, sino en reformas estructurales que atiendan los problemas de fondo.
Actualmente, la agroindustria cuenta con 47 ingenios distribuidos en 15 estados, y genera más de 500 mil empleos directos. Cada año, estos ingenios compran caña a 185 mil productores, y la cadena productiva involucra a aproximadamente 65 mil cortadores, 150 mil jornaleros, 54 mil obreros y jubilados, así como 31 mil transportistas. En total, se estima que más de 2.4 millones de personas dependen de esta actividad en 267 municipios rurales del país.
Uno de los principales factores que ha agravado la situación es la entrada al país de 700 mil toneladas de azúcar importadas desde el año pasado, las cuales sí pagaron aranceles, pero que “inundaron el mercado”, explicó Fernández González. A esto se suma el contrabando, tanto bronco como técnico. El primero ocurre principalmente en el sur del país y no puede cuantificarse debido a que la mercancía no pasa por canales legales. El segundo se da por puertos y fronteras bajo mecanismos legales, pero mediante clasificaciones arancelarias que permiten pagar menos impuestos, al ingresar productos etiquetados como “preparación alimenticia” que en realidad contienen 95 por ciento de azúcar y el resto maltodextrina, harina o carbón activado.
Otro factor es la entrada de fructosa, utilizada en forma de jarabe de maíz, cuyas importaciones han alcanzado cerca de 200 mil toneladas anuales en los últimos años. “El azúcar tiene que competir con edulcorantes como la fructosa, que además de ser más barata, está genéticamente modificada. El azúcar de caña es natural y es mucho más sana”, afirmó.
También señaló que hay por lo menos tres ingenios operando fuera del marco legal, ya que no respetan la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar ni los precios acordados con los proveedores de caña. Además, se desconoce si cumplen con sus obligaciones laborales, como el pago de cuotas al IMSS o la afiliación de los trabajadores a sindicatos.
En el plano internacional, la situación tampoco es favorable. El principal mercado de exportación para el azúcar mexicana es Estados Unidos, donde se paga un mejor precio en comparación con otros destinos. Sin embargo, Fernández González explicó que el llamado “acuerdo de suspensión” con ese país ha restringido severamente la cuota de exportación. En 2014, México podía enviar hasta un millón de toneladas, pero para 2022 el volumen se redujo a 480 mil. Este año fue de 425 mil, y para el siguiente año, “nos acaban de garantizar apenas 200 mil toneladas”.
La reducción de esta cuota implica una caída importante en los ingresos. “Sólo el año pasado la pérdida fue de 16 mil millones de pesos para el sector cañero y para este apunta a 26 mil millones de pesos”, advirtió.
Por otro lado, el consumo nacional también ha disminuido. Según datos de la CNIAA, hace una década el consumo interno era de 4.5 millones de toneladas, mientras que actualmente se sitúa en 3 millones 700 mil toneladas. La dirigente atribuye parte de esta caída a las campañas que promueven una imagen negativa del azúcar, vinculándola con problemas de salud como obesidad y caries. “En semanas recientes se ha señalado que el azúcar causa caries, obesidad, es como el malo de la película”, dijo. Estas percepciones han derivado en políticas públicas como la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos con alto contenido calórico.
La presidenta de la CNIAA insistió en que se requiere un rescate estructural que incluya acciones concretas como el combate al contrabando, la clausura de ingenios clandestinos, una campaña responsable sobre el consumo de azúcar y una postura firme en la renegociación de la cuota de exportación con Estados Unidos. “No se trata de subsidios, pues sólo te arreglan el momento, es una aspirina”, concluyó.
También te puede interesar leer:
Importaciones de azúcar golpean al sector, salvo en Atencingo
Eduardo García informará sobre afectaciones a cañeros del San Cristóbal
Campesinos exigen presupuesto 2026 justo para el agro