Se cumplieron ayer 16 años de la Ley Cañera en el país, se trata de un amparo que beneficia a 180 mil productores de caña de los 49 ingenios azucareros que operan a nivel nacional y obliga a los industriales a pagar a tiempo y respetar acuerdos entre productores con dueños de las factorías.
Además también se instaló la Junta Directiva del Conadesuca que sienta las bases del contrato permitido en acuerdos que garantizan el abasto suficiente de azúcar al mercado nacional y atender los compromisos de México en exportación de azúcar al mercado americano y desplazar los excedentes a otros países.
Productores de caña y dirigentes nacionales, de acuerdo a los antecedentes buscaban certeza y garantía a su producto, debido a que sostiene la economía de 15 estados del país y también al mercado extranjero con la exportación de endulzante a Estados Unidos y mercado mundial, que estaba a la expectativa sobre qué pasaría con su producto.
A 16 años de aprobarse la Ley Cañera, productores de Central Potrero durante la firma de papeletas de liquidaciones, ya que esta vez no se realizó ningún evento para recordar la fecha por la pandemia, reconocieron que representó un avance para la agroindustria azucarera, ya que antes de ser aprobada industriales azucareros no respetaban los tiempos de pago a los abastecedores y tampoco había control en los precios de en mercados, lo que significaba que no había certidumbre en la agroindustria.
De acuerdo a datos históricos, ayer también se cumplieron 16 años de la marcha Nacional Cañera que congregó a más de 50 mil productores de caña del país, misma que encabezaron los dirigentes nacionales de la CNPR, Carlos Blackaller Ayala y de la CNC, Daniel Pérez Valdés, durante el movimiento dieron un ultimátum, donde advirtieron que si la Ley de Desarrollo Sustentable de Caña de Azúcar no era publicada el 2 de agosto del año 2005 por Gobierno de Vicente Fox aplicarían medidas más fuertes como cierre de vialidades y toma de dependencias federales.
Tras su aprobación, la caña de azúcar es el único producto del campo que hasta ahora no tiene decretos para ostentar una ley, lo que significa que hay una certeza jurídica para los productores en la regulación de un contrato y sanciones por incumplimiento entre las partes involucradas, pues a nivel nacional hay 800 mil hectáreas sembradas de las que se obtienen más de 50 millones de toneladas de cañas.