El freno a las importaciones de azúcar provenientes de Centroamérica y el incremento en la cuota de exportación hacia Estados Unidos forman parte del plan impulsado para reactivar la industria azucarera, fortalecer la operación de los 47 ingenios del país, preservar las fuentes de empleo y garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales.
Lorenzo Pale Mendoza, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM), explicó que esta estrategia fue construida de manera conjunta entre el Gobierno Federal, los dueños de los ingenios, las organizaciones cañeras y la representación laboral para atender la crisis que enfrentó el sector.
El primer paso consistió en frenar la entrada de azúcar centroamericana mediante la modificación a la tarifa arancelaria ad valorem, la cual pasó de 360 a 720 dólares por tonelada. La medida buscó detener la comercialización de producto a precios reducidos que distorsionaba la facturación nacional y el precio de referencia de la caña.
“El primer paso que dio la Presidenta para apoyarnos en la situación de la industria azucarera fue la aplicación del ad valorem a los importadores, a los impuestos que le ponían… aranceles. Porque efectivamente, antes de que estallara esta crisis, Centroamérica metía azúcar… porque el arancel que pagaban estaba muy barato, tenía más de 30 años que no se movía este arancel. Era de 360 dólares, y hoy no; ya es de 720. Fue el primer paso que dio la señora Presidenta en ayudarnos, ¿y en qué nos vino a beneficiar? Que Centroamérica no puede mandar azúcar abiertamente al país de México, porque ya el arancel que paga pues ya no le da para ofertar el azúcar aquí en nuestro país”, detalló el secretario general.
El segundo paso del plan contempló las gestiones diplomáticas y comerciales encabezadas por la Presidencia de la República y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para asegurar un volumen computable de entre 550,000 y 600,000 toneladas de azúcar destinadas al mercado estadounidense durante el siguiente periodo.
“Fuimos de la mano tanto productores como trabajadores de la industria, como los representantes de la industria y los propios dueños de los ingenios para buscar la solución a un problema que nos estaba afectando muchísimo en la industria azucarera… se hizo el compromiso de apoyar a esta gran industria, con sus gestiones que ella hizo en el vecino país del norte, y reconozco el trabajo también realizado por el doctor Berdegué y con Columba Jazmín López Gutiérrez, que es la Secretaria de Agricultura”, expresó Pale Mendoza.
El dirigente señaló que las empresas han mantenido el cumplimiento de las obligaciones salariales y prestacionales debido a que existe un Contrato-Ley que las obliga a acatar sus términos. Ello ocurrió pese a la reducción en los ingresos de las plantas durante la zafra previa, que derivó en la falta de utilidades en la mayoría de los centros de trabajo.
“En el caso concreto del Sindicato Nacional Azucarero, hay que ser claros y precisos, nosotros, de una manera u otra, tenemos un Contrato-Ley en donde, suba o baje el precio del azúcar, las prestaciones subsisten; significa que a nosotros se nos paga al cien por ciento todo lo que se establece en el Contrato-Ley y que solamente el problema de una crisis como la que vivimos se refleja en las bajas utilidades, como sucedió en este 2026, que el 95% de los ingenios no tuvieron utilidades. Pero en la situación de los salarios y prestaciones que establece nuestro Contrato-Ley, se pagaron al 100%”, señaló Pale Mendoza.
Añadió que mantener en operación las fábricas es prioritario para proteger el empleo de entre 25,000 y 30,000 trabajadores de planta permanente y evitar afectaciones en la actividad económica de los municipios azucareros.
“Para nosotros, el cierre de una fuente de empleo significa perder miles de empleos y la situación económica de los municipios donde están clavados los ingenios se afecta muchísimo, porque es de todos conocido que los ingenios derraman una situación económica en todos los aspectos; porque no nada más en el sector obrero, es en el sector campesino, en el sector popular y en todo lo que se refiere a la situación económica de ese municipio”, indicó.
Ante la ausencia de reparto de utilidades en el 95% de las empresas durante el último ciclo, la representación sindical negoció con las administraciones de los ingenios la entrega de bonos financieros extraordinarios.
Nosotros como sindicato, a pesar de que nos pegó la crisis, le puedo decir que casi logramos como 100 millones de pesos en incentivos o bonos especiales… del 75% al 80% se lograron estos bonos en todos los ingenios, porque casi fue un 80% quien nos los dio. Por eso hoy, la base está tranquila, iniciamos los trabajos de reparación normalmente
Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocó a la instalación de la Convención Obrero Patronal el 1 de octubre para iniciar la revisión del Contrato-Ley, cuya vigencia concluye el 15 de octubre.
De acuerdo con El Economista, entre los puntos a tratar figura el diálogo con los industriales para definir el mecanismo de aplicación de la jornada de 40 horas durante el periodo de zafra, esquema que actualmente opera en la etapa de reparación.
“El Contrato-Ley se divide en dos ciclos: reparación y zafra. En la zafra trabajamos 48 horas más el domingo y en reparación ya trabajamos las 40 horas de lunes a viernes, ahí ya tenemos muchos años de trabajar así en reparación… estamos negociando, estamos buscando la manera de descansar precisamente en zafra, como lo establece la ley ahorita un día, y si es posible para el 2030 ya tener los dos días de descanso”, concluyó el dirigente.
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