La caída de los precios internacionales del maíz y los efectos acumulados de la sequía llevaron al gobierno federal, productores y empresas de la cadena agroalimentaria a acordar un nuevo esquema para ordenar el mercado del maíz blanco y garantizar precios justos para los agricultores, ante el deterioro de la rentabilidad en el sector.
De acuerdo con el gobierno federal, el costo de producción ya supera el valor de venta del grano, mientras parte de la cosecha nacional enfrenta dificultades de comercialización por el incremento de importaciones de maíz a menor precio.
Durante la firma del acuerdo para la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco “Precio Justo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el esquema surgió tras diversas reuniones impulsadas por la empresaria Altagracia Gómez Sierra.
“Hoy estamos garantizando el precio justo, gracias a todas y todos ustedes; que se pueda vender la tonelada de maíz a un precio justo para los productores”, afirmó Sheinbaum, quien subrayó que se trata de un acuerdo voluntario.
La mandataria detalló que los productores acumulaban deudas derivadas de al menos dos años de sequía y por la caída del precio internacional del maíz, situación que provocó que los costos de producción superaran el precio de venta.
“Cuesta poco más de 6,000 pesos producir la tonelada y se estaba vendiendo a 5,200 pesos en el mercado”, explicó.
Añadió que otro de los factores que afectó la comercialización del maíz nacional fue que las empresas compradoras ya habían cubierto sus inventarios con grano importado de menor precio, lo que redujo las posibilidades de venta para la producción nacional.
Ante este escenario, el gobierno federal convocó a productores, compradores, empresas proveedoras de semillas, fertilizantes y agroinsumos, así como a gobiernos estatales, para construir un esquema de apoyo conjunto orientado a dar estabilidad a la cadena productiva.
El nuevo sistema contempla dos ejes principales: la comercialización anticipada por contrato y la venta de insumos estratégicos a precios justos.
El mecanismo de comercialización anticipada establece que antes de cada cosecha se realizarán compras de maíz mediante contratos acordados entre los distintos actores de la cadena productiva, con el objetivo de asegurar precios justos y mejorar la planeación comercial.
Como parte del acuerdo, las empresas compradoras privilegiarán la adquisición y consumo de maíz blanco nacional antes de recurrir a importaciones y participarán en mecanismos de planeación de producción y comercialización para fortalecer la programación de compras y promover un mercado ordenado.
El segundo componente prevé que agroindustrias y proveedores de insumos estratégicos, como semillas, fertilizantes y agroinsumos, realicen ventas directas a precios justos dirigidas a los productores para fortalecer la productividad, la rentabilidad y la innovación tecnológica.
De acuerdo con lo expuesto durante la firma, el esquema prevé la comercialización de hasta siete millones de toneladas de maíz blanco producidas en entidades clave como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Campeche y Sinaloa.
De acuerdo con El Economista, en el acuerdo participan más de 61,000 productores, así como las principales harineras, comercializadoras y nixtamalizadoras del país, que representan más del 80% de la comercialización formal de maíz blanco.
También concurren más de 80 empresas nacionales y extranjeras proveedoras de insumos, tanto de manera individual como agrupadas en organizaciones como AMSAC, PROCCYT, SEMUAC, UMFFAAC y ANACOFER.
En el diseño del acuerdo participaron la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de dar previsibilidad a toda la cadena productiva.
“El Sistema de Ordenamiento de Producción y Comercialización de Maíz Blanco, ‘Precio justo’, como mecanismo, permite la colaboración entre productores, compradores, proveedores de insumos estratégicos y el Gobierno de México”, señaló la titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez.
Por su parte, Altagracia Gómez Sierra aseguró que el acuerdo permitió reunir en una misma mesa a distintos actores del sector agroalimentario.
“Se decía que no se podía hablar de precios justos y solo de precios de mercado”, expresó la también presidenta del consejo de administración de Minsa, empresa participante en el esquema.
El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que el acuerdo representa un cambio relevante en la política agrícola al retomar mecanismos orientados a brindar certidumbre de ingreso y rentabilidad a los productores.
Juan Carlos Anaya, director general del organismo y consejero de la empresa cárnica SuKarne, señaló que el modelo plantea que el gobierno actúe como facilitador de un ingreso mínimo mediante coberturas de precios y seguros climáticos para reducir la volatilidad que enfrenta el sector.
De acuerdo con el análisis del organismo, esta estructura permitirá que las empresas consumidoras planeen con anticipación sus compras de cosechas nacionales a precios de mercado, además de fortalecer la integración de cadenas productivas y el abasto interno.
“El éxito del sistema depende de garantizar la comercialización de las cosechas nacionales en estados con excedentes productivos y evitar desplazamientos por importaciones”, concluyó Anaya.
Entre los componentes del sistema destacan la comercialización anticipada por contrato, la venta de insumos estratégicos a precios justos y la implementación de mecanismos de protección para el maíz blanco y su precio mediante un padrón único digitalizado de productores y superficies.
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