La producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar vuelve a colocarse en el centro del debate energético y agroindustrial con el avance del Proyecto de Ley 443, que propone establecer una mezcla obligatoria del 10 % de etanol (E10) en las gasolinas. La iniciativa será discutida en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Panamá y busca impulsar la transición energética, reactivar la agroindustria y fortalecer las economías rurales.
De acuerdo con la Asociación Industrial de la Caña de Azúcar de Panamá (Azucalpa), el proyecto representa una oportunidad para detonar nuevas inversiones y ampliar la producción agrícola, siempre que se consolide un marco legal que garantice certidumbre a productores e inversionistas. Su directora ejecutiva, Cristina Thayer, señaló que la propuesta no es nueva, pero ahora cuenta con una base técnica y económica más sólida. “Desde hace más de diez años hemos estado pendientes del avance del proyecto. Hoy existe una propuesta que se llevará a la Asamblea y se espera comenzar a debatir en enero”, indicó en entrevista con el medio radial “La Decana”.
Aunque existe una legislación marco en materia de biocombustibles, el sector considera necesario introducir ajustes específicos para garantizar la viabilidad del programa. “Se necesitan algunas modificaciones a la legislación para darle viabilidad económica y técnica al proyecto como lo estamos presentando en este momento”, afirmó Thayer. En ese sentido, el Proyecto de Ley 443 establece reglas claras tanto para la producción nacional como para la importación de etanol, además de contemplar un esquema de licencias y requisitos para los distintos actores del mercado.
El papel del Estado, de acuerdo con Azucalpa, será fundamentalmente regulador. “El gobierno va a ser un regulador del sector, igual que lo es hoy del mercado de combustibles. Es un proyecto privado con regulación estatal a través de la Secretaría Nacional de Energía”, precisó Thayer, al destacar que la seguridad jurídica es un elemento clave para atraer inversión privada e integrar a los productores independientes al esquema productivo.
Desde el punto de vista operativo, la incorporación del etanol no implicaría cambios complejos en la infraestructura existente. El etanol de producción nacional llegaría por vía terrestre a las terminales de importación de combustibles, mientras que la gasolina y el etanol importado lo harían por vía marítima. “En ese lugar se hace la combinación y de ahí salen las cisternas de gasolina E10 ya mezcladas”, explicó la directiva de Azucalpa, al subrayar que el proceso de mezcla es técnicamente sencillo.
El principal reto del proyecto se concentra en el ámbito agrícola. Actualmente, la industria azucarera está conformada por cuatro ingenios, dos en Coclé, uno en Veraguas y uno en Chiriquí, con una superficie sembrada cercana a las 22.000 hectáreas de caña de azúcar. Para sostener la producción de bioetanol, el sector estima que será necesario duplicar esa superficie hasta alcanzar unas 44.000 hectáreas. “Actualmente son como 22.000 hectáreas y necesitamos doblar eso para poder hacer la producción de etanol”, señaló Thayer.
La expansión productiva no podría lograrse únicamente con las plantaciones propias de los ingenios. De acuerdo con Azucalpa, será indispensable incorporar a más productores independientes, conocidos como colonos, para garantizar el abasto de caña requerido. A ello se suma la necesidad de ampliar el periodo de zafra, que actualmente se extiende alrededor de 90 días, entre enero y marzo. “Quisiéramos que se extienda hasta 110 o 120 días para poder tener mayor producción y entrar de lleno al mercado del etanol”, indicó Thayer, quien advirtió que sin un cambio legislativo no será posible incrementar la producción cañera.
En términos económicos, Azucalpa estima que el programa podría movilizar inversiones privadas de entre US$390 y US$450 millones, destinadas a adecuar instalaciones, ampliar destilerías y aumentar la producción agrícola. Asimismo, se proyecta la generación de más de 30.000 empleos directos e indirectos, principalmente en zonas rurales. “En un país con altos niveles de desempleo, la creación de empleo en el interior es uno de los beneficios más importantes del programa”, subrayó Thayer. Los aportes económicos regionales se estiman entre US$100 y US$120 millones anuales, derivados de salarios, contribuciones a la Caja de Seguro Social y contratación de servicios.
Desde la perspectiva ambiental, la industria destaca su modelo de economía circular, en el que la caña de azúcar se aprovecha de forma integral. El bagazo se utiliza para la generación de energía eléctrica, con un potencial de cogeneración estimado entre 90 y 110 megavatios durante el periodo de zafra. Además, la incorporación del etanol a la gasolina permitiría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en los compromisos internacionales asumidos en materia climática.
Azucalpa también subrayó que uno de los compromisos centrales del sector es no trasladar costos al consumidor final. “El compromiso que tiene la industria es que esto no va a generar un aumento en el precio del combustible”, afirmó Thayer, al precisar que cualquier posible efecto en los precios dependerá de la evolución del mercado petrolero internacional. Desde el punto de vista técnico, la mezcla E10 se aplicaría tanto en gasolinas de 91 como de 95 octanos y no requeriría modificaciones en la flota vehicular existente.
La Secretaría Nacional de Energía señaló recientemente que el proyecto de biocombustibles responde a la necesidad de contar con un marco legal claro y ordenado que permita su incorporación sin afectar la confiabilidad del sistema energético ni los precios al consumidor. El organismo destacó que se trata de una alternativa probada a nivel internacional, con beneficios ambientales, económicos y sociales.
De acuerdo con el periódico La Estrella de Panamá, concluida su etapa en el Órgano Ejecutivo, el Proyecto de Ley 443 entra ahora en su fase de discusión legislativa. La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional convocó a un conversatorio para el 15 de enero, mientras que Azucalpa prevé realizar un encuentro técnico el 21 de enero con expertos internacionales. “Queremos que la población tenga confianza en el proyecto y en el producto”, concluyó Thayer, al señalar que la iniciativa podría convertirse en un nuevo eje de desarrollo para el sector cañero y energético.
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