El Gobierno de México inició una negociación directa con Estados Unidos para enfrentar la reducción de las cuotas de exportación de azúcar mexicana y preservar la estabilidad económica del sector cañero, que también resiente el incremento de las importaciones de fructosa. De acuerdo con la administración federal, el objetivo es contener los efectos económicos de esta disminución y, al mismo tiempo, explorar alternativas que permitan dar salida al excedente de producción.
Durante su conferencia matutina, La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el tema ha sido abordado con la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, en un contexto donde las exportaciones del endulzante mexicano enfrentan una de las reducciones más significativas en una década.
La mandataria señaló que “estamos en diálogo permanente con el gobierno de Estados Unidos. Hemos planteado la importancia de mantener las cuotas de exportación de azúcar mexicana y al mismo tiempo buscamos alternativas que garanticen precios justos a nuestros productores”.
El impacto recae directamente en más de 800 mil productores de caña y en 49 ingenios ubicados en 15 estados del país, entre ellos Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Jalisco, que mantienen una alta dependencia del mercado estadounidense. A esta situación se suma el auge de la fructosa, un sustituto derivado del maíz que se importa masivamente desde Estados Unidos y que ha desplazado al azúcar nacional en la industria de bebidas y alimentos procesados.
Datos del sector indican que, en los últimos años, la entrada de fructosa ha crecido más del 30%, lo que ha afectado la rentabilidad de los ingenios nacionales y generado una sobreoferta de azúcar en el mercado interno, presionando los precios a la baja.
Como parte de las soluciones estructurales que analiza el Gobierno Federal se encuentra la reconversión parcial del sector azucarero hacia la producción de etanol. El proyecto, aún en fase de análisis técnico, contempla aprovechar excedentes de caña para producir este biocombustible con fines energéticos, agrícolas e industriales.
De acuerdo con El Debate, la propuesta buscaría diversificar la economía rural, reducir la dependencia de las exportaciones y avanzar en el cumplimiento de los compromisos ambientales internacionales al fomentar el uso de energías limpias.
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