• mié. Nov 12th, 2025

Cañeros enfrentan caída del 27% en ingresos y alertan por reforma al IEPS

El azúcar mexicano es reconocido como uno de los mejores productos del mundo gracias a la dedicación de los productores de caña y al trabajo constante de los ingenios del país. Este insumo es un pilar clave para la economía rural nacional y una materia prima fundamental para cientos de industrias. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido también en uno de los productos peor pagados para los campesinos, e incluso ha sido objeto de críticas por parte del propio gobierno, olvidando que representa el sustento de miles de comunidades agrícolas que hoy enfrentan una fuerte caída en sus ingresos.

De acuerdo con datos de la Unión Nacional de Cañeros, en el ciclo 2024-2025 los ingresos de los productores de caña han registrado una disminución estimada del 27 por ciento respecto al ciclo previo, lo que equivale a pérdidas por alrededor de 14 mil 500 millones de pesos. Si esta tendencia continúa, la siguiente zafra podría registrar una merma adicional de hasta siete mil millones de pesos, afectando a 270 municipios de 15 estados dedicados a esta actividad. A ello se suman las importaciones especulativas que perjudican directamente a los productores nacionales.

Otro factor que complica la situación del sector es la competencia desleal generada por la entrada de fructosa y jarabe de maíz de alta fructosa. Algunas industrias reformulan sus productos para reducir el contenido de azúcar convencional y así evitar los sellos de advertencia de la Secretaría de Salud. Esta práctica impacta directamente en la demanda del azúcar de caña mexicana, un problema que, según productores, pasa inadvertido o se omite deliberadamente.

A la caída de precios, las importaciones ficticias y el desplazamiento del azúcar por la fructosa, se suma un nuevo obstáculo: la propuesta de reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas endulzadas. Dicha reforma grava de manera uniforme a todas las bebidas con endulzantes sin distinguir el origen del producto, ya sea caña de azúcar nacional o edulcorantes sintéticos. Tampoco se diferencia entre los métodos de producción sustentable y aquellos intensivos en combustibles fósiles, lo que deriva en un impuesto ciego que no refleja diferencias reales en términos de salud, sustentabilidad ni seguridad alimentaria.

El azúcar de caña en México se produce a partir de cultivos no genéticamente modificados, un aspecto que cobra relevancia en el contexto internacional. Por ello, diversos representantes del sector consideran que los legisladores deben actuar con sensibilidad y conocimiento, para establecer cuotas diferenciadas según el origen del endulzante. Esto implicaría un menor pago para el azúcar de caña mexicana y una cuota plena para los endulzantes sintéticos, como ya sucede en otros países que protegen sus productos nacionales.

Hasta ahora, pocos actores han manifestado abiertamente su postura sobre el tema más allá de las industrias refresquera y de edulcorantes. Se espera que próximamente la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, legisladores como Alfonso Ramírez Cuéllar, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, encabezado por Lorenzo Pale, así como el Consejo Nacional Campesino (CNC), logren consensuar una propuesta que brinde una solución viable en beneficio del campo y de la industria azucarera nacional.

En otro ámbito, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a cargo de Zoé Robledo, enfrenta dificultades en la publicación de sus estadísticas laborales. Por segundo mes consecutivo, el organismo retrasó la difusión del reporte de empleo formal, a pesar de que las fechas están establecidas en el calendario oficial. De acuerdo con especialistas, la situación se complicó tras la incorporación de un millón 200 mil trabajadores de plataformas digitales al régimen formal, sin que todos cumplieran con el requisito de percibir al menos un salario mínimo neto mensual. De ellos, sólo 133 mil 178 superaron dicho umbral para acceder a la afiliación al Seguro Social.

El IMSS había reportado en julio una cifra récord de 23 millones 591 mil 691 empleos formales, pero ahora enfrenta dificultades para ajustar sus registros, lo que podría explicar el retraso en la publicación. Fuentes del instituto señalan que la demora se debe a un ajuste de fechas con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encabezado por Graciela Márquez Colín. No obstante, cuando los datos son favorables, el organismo suele adelantarse al calendario oficial para dar a conocer los resultados.

De acuerdo con Cambio 22, el INEGI inició oficialmente la Encuesta Intercensal 2025, que se realizará del 6 de octubre al 14 de noviembre. El levantamiento cubrirá más de siete millones de viviendas en todo el país mediante dispositivos móviles, entrevistas telefónicas y autorrespuesta por Internet. Los resultados, que se darán a conocer en 2026, permitirán conocer cómo ha cambiado México desde 2020 y servirán para la planeación de políticas públicas.

Por otra parte, los comercios del centro de la Ciudad de México aún enfrentan las consecuencias de la marcha del 2 de octubre. Cerca de cuatro mil establecimientos afiliados a la Canaco CDMX, presidida por Vicente Gutiérrez, cerraron ese día, y varios resultaron con daños por los destrozos provocados por grupos violentos. Aunque muchos negocios cuentan con seguros, el proceso de reclamación es largo y los comerciantes no recibirán descuentos en impuestos o servicios, por lo que las pérdidas deberán ser absorbidas por los propios dueños y empleados, muchos de ellos comisionistas.

Finalmente, se aproxima la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF), que se realizará en el Monumento a la Revolución y en centros educativos del país. Más allá de la meta de asistencia, el propósito es reforzar la cultura financiera y advertir sobre fraudes que se multiplican pese a las campañas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Su presidente, Óscar Rosado, ha reiterado que si una institución ofrece tasas de rendimiento “altas y de ensueño”, lo más probable es que se trate de un fraude.Por ahora, la moneda está en el aire.

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